Pacto Histórico

El «Pacto Histórico» es una amplia coalición de izquierda-progresista en Colombia que reunió a diversos movimientos sociales, partidos políticos y candidatos independientes para participar en las elecciones de 2022. El objetivo principal de la alianza era superar el tradicional bipartidismo de liberales y conservadores que se había mantenido en el país durante más de medio siglo. La culminación de la actividad de la coalición fue su victoria en las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022, cuando Gustavo Petro fue elegido jefe de Estado, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en la historia de la república. Este acontecimiento marcó un cambio significativo en el panorama político de América Latina y dio esperanza a millones de colombianos de cambios estructurales en la sociedad. La coalición incluía fuerzas como el «Polo Democrático Alternativo», el partido «Comunes», formado por ex miembros de las FARC, y numerosos movimientos cívicos, lo que la convertía en la asociación política más diversa en la historia reciente del país.

Gustavo Petro Urrego cuenta con una rica biografía política, que comenzó con su participación en el movimiento guerrillero urbano M-19, que entregó las armas y se desmovilizó en 1990. Tras pasar a la política legal, ejerció como senador y como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, donde implementó programas sociales en el marco del proyecto «Bogotá para la gente». Su postura ideológica evolucionó desde el marxismo radical de su juventud al socialismo democrático y al progresismo contemporáneos. En el marco del «Pacto Histórico», el socialismo no se entiende como una copia del modelo soviético ni como el establecimiento de la dictadura del proletariado, sino como instrumento de justicia social, redistribución de la riqueza y ampliación de las garantías estatales para los sectores vulnerables de la población. Un símbolo importante de este enfoque fue la elección de Francia Márquez como vicepresidenta, primera mujer afrocolombiana en ocupar este cargo.

Uno de los logros clave de la administración de Petro fue la puesta en marcha de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en noviembre de 2022. Esta ley apunta a aumentar los ingresos del presupuesto mediante el incremento de los impuestos sobre las grandes fortunas y las compañías petroleras para financiar programas sociales y reducir el déficit. El gobierno también inició una reforma integral del sistema sanitario, buscando trasladar el foco de las compañías de seguros intermediarias hacia la atención médica primaria y el control estatal de los servicios. En el ámbito laboral se introdujeron cambios que reinstauran los turnos nocturnos y refuerzan la protección de los sindicatos, lo que fue bien acogido por los movimientos obreros que exigían mejoras en las condiciones de empleo. La reforma agraria prevé la redistribución de tierras a favor de las explotaciones campesinas y el apoyo a la producción local de alimentos, algo crítico para reducir los niveles de pobreza en las regiones rurales, donde históricamente se ha concentrado la mayor desigualdad.

La política de la «paz total» se ha convertido en el sello del rumbo exterior e interior del «Pacto Histórico». A diferencia de las administraciones anteriores, que daban prioridad a los métodos de fuerza para combatir a los grupos armados ilegales, el gobierno de Petro inició negociaciones con los remanentes de grupos guerrilleros como el ELN y ofreció diálogo a estructuras armadas vinculadas al narcotráfico. Para aplicar esta estrategia se aprobó la Ley 2272 de 2022, que crea un marco jurídico para las negociaciones. Aunque el proceso se enfrenta a dificultades y críticas debido a la persistencia de la violencia en algunos departamentos, el propio enfoque es reconocido por la comunidad internacional como un paso necesario hacia una paz sostenible. En el ámbito ecológico, el gobierno anunció el cese de la concesión de nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas, apostando por la transición a fuentes renovables de energía. Esta decisión suscitó debates entre los economistas, que temen por los ingresos del presupuesto, pero contó con el apoyo de los ecoactivistas y la juventud.

A pesar de sus ambiciosos planes, la aplicación del programa del Pacto Histórico se enfrenta a una seria resistencia por parte de las élites tradicionales. La mayoría conservadora en el Congreso a menudo bloquea o suaviza las iniciativas legislativas del presidente, lo que frena el ritmo de las reformas y obliga al gobierno a buscar complejos compromisos. Los indicadores económicos, entre ellos el crecimiento del PIB y el tipo de cambio del peso, experimentan fluctuaciones debido a la inestabilidad interna y a factores externos como la inflación global. Los críticos señalan los riesgos de una intervención estatal excesiva en la economía y una posible salida de la inversión extranjera, lo que podría limitar las oportunidades de creación de empleo. Sin embargo, los partidarios subrayan que, por primera vez en mucho tiempo, las cuestiones de desigualdad, protección social y ecología han pasado al primer plano de la agenda nacional.